XALAPA, Ver. (De la corresponsalía).- El Congreso del Estado, en colaboración con el Órgano de Fiscalización del Estado (Orfis), llevó a cabo una jornada de capacitación vía electrónica dirigida a autoridades de los 212 ayuntamientos del estado en materia de Deuda pública municipal y obligaciones financieras.
Es de puntualizar que, en pleno año electoral, alcaldes de Veracruz se “empeñarán” al solicitar diversos prestamos con cargo a fondos federales.
La propuesta fue enviada al Congreso Local por parte del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez y aprobada por la mayoría.
En el documento, se establece que los ediles podrán afectar como fuente de pago un porcentaje de los recursos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
“Se autoriza a diversos municipios de la entidad gestionar y contratar uno o varios financiamientos en los que sirva como fuente de pago un porcentaje del derecho a recibir y los recursos que les correspondan del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) y para que celebren o se adhieran a los mecanismos de pago del crédito que contraten” dice el documento
Al dirigirse a titulares de tesorerías, contralorías y presidencias municipales, el secretario de Fiscalización del Poder Legislativo, Everardo Domínguez Landa, afirmó que este Congreso ha dado todas las facilidades jurídicas para que los ayuntamientos puedan contratar la deuda que consideren necesaria para realizar la función propia del municipio que, dijo, es dotar de servicios y obras a la población.
A través de un enlace mediante la plataforma Zoom, el servidor público informó que la Secretaría a su cargo atiende todas las audiencias que los ayuntamientos solicitan y enfatizó la responsabilidad que implica contratar deuda.
Muestra de este respaldo a los municipios es la aprobación que el Pleno de este Congreso dio a la propuesta para que los municipios de la entidad puedan gestionar y contratar uno o varios financiamientos, debiendo destinar los recursos que de éstos obtengan exclusivamente para financiar obras, acciones sociales básicas y/o inversiones que beneficien directamente a la población en pobreza extrema y localidades con alto o muy alto nivel de rezago social.