* Personas físicas sacan la lana
* Empleados o beneficiarios de programas sociales
* Caso Araly Rodríguez se replica
Por Investigaciones Especiales de NOTIVER
Además de las adjudicaciones directas y la contratación de empresas de nueva creación, en la Secretaría de Salud de Veracruz (SESVER) el dinero se fuga a través de contratos a personas físicas.
Sin embargo, dichas personas no solo se convierten “de la noche a la mañana” en proveedores con jugosos contratos, sino que son beneficiarios de programas sociales o empleados de dependencias estatales.
Tal es el caso de Bethy Torres Hernández, de 23 años, empleada de la propia Secretaría de Salud cuyo salario es de 16 mil pesos mensuales; sin embargo, de manera sospechosa, obtuvo un contrato por más de un millón de pesos “Relativa la contratación del servicio de mantenimiento correctivo urgente por contingencia COVID-19, equipos electromédicos y electromecánicos de la Red estatal de hospitales de Veracruz”.
El otro caso es el de Misael Carmona Medina, de 24 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro; el monto de sus contratos rebasa los 22 millones de pesos.
Araly es la punta del iceberg
Este mes de febrero, se cumple un año, en que el Gobernador de Veracruz prometió investigar y presentar pruebas de que en su gobierno no había corrupción; esto tras destaparse los contratos millonarios a la persona física Araly Rodríguez Vez.
A la fecha, no hay ninguna aclaración de la mujer que a sus 46 años es una de las proveedoras del gobierno de la 4T más multifacética, porque igual vendió mobiliario, equipo médico especializado, computadoras, uniformes, sillas de ruedas, carriolas y hasta material anticovid-19.
Araly Rodríguez en apenas cuatro años logró 39 contratos por 100.9 millones de pesos con cuatro dependencias de gobierno: La Secretaría de Salud, el DIF estatal, el Instituto Tecnológico de Perote y los más recientes con la Secretaría de Seguridad de Veracruz.
En todos se identificó como la proveedora 32804 de la Secretaría de Finanzas y logró los contratos vía adjudicación directa.
En todos los documentos puso como domicilio la calle Huelva 39 colonia Higueras de Xalapa, pero se trataba de una dirección fantasma.
El gobernador Cuitláhuac García dijo que ella confesó ser prestanombres y que en realidad era una empleada administrativa que cubría un interinato en la Secretaría de Educación, pero, el caso a un año sigue sin aclararse.