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* Estado de Veracruz debe aclarar el uso y destino de 331 millones

XALAPA, Ver. (De la corresponsalía).- La Auditoría Superior de la Federación, por conducto de su titular David Colmenares Páramo presentó el tercer informe de la Cuenta Pública 2022.


El documento que contiene el último informe de la Cuenta Pública 2022 en el que se determinó que el gobierno de Veracruz debe aclarar el uso y destino de 331 millones de pesos.


En el primer informe de la revisión de la Cuenta Pública del 2022, realizada por la Auditoría en junio de 2023, el gobierno de Veracruz no obtuvo observaciones por presunto daño patrimonial en el manejo de los recursos que envió el gobierno federal al Estado, pero sí acumuló 12 observaciones.

Posteriormente en la segunda entrega del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2022, publicada en octubre de 2023, se dio a conocer que el gobierno de Veracruz debía aclarar el uso y destino de 150 millones 623 mil 003 pesos.

Este martes, la ASF reveló incumplimientos de la normativa en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios Veracruz debe aclarar 124.3 millones de pesos.

También, se establece que los siguientes municipios tienen que aclarar el uso de recursos recibidos de la Federación: Tamiahua 11.7 millones de pesos, Papantla 31.2 millones de pesos, y Medellín de Bravo 34.9 millones de pesos.

De la misma forma aparecen el Instituto Tecnológico Superior de Misantla con 1.8 millones de pesos, Instituto Tecnológico Superior de Tierra Blanca con 4.3 millones de pesos, y el Instituto Tecnológico Superior de Acayucan con 8.9 millones de pesos.

En su intervención, el titular de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), David Rogelio Colmenares Páramo, expresó que, como resultado de las mil 762 auditorías a los recursos de origen federal, se observó un monto por aclarar de 22,892.1 millones de pesos, donde la entidad de Durango fue la que recibió mayores observaciones, toda vez que alcanzó más de tres mil 900 millones de pesos, seguido de Baja California Sur, Puebla, Michoacán de Ocampo e Hidalgo, cuyos montos por aclarar superaron los mil 300 millones de pesos.

Detalló que la falta de documentación justificativa y/o comprobatoria del gasto fue la principal irregularidad detectada en las auditorías, que generó más del 64 por ciento del monto por aclarar.