Y SE ARMÓ

* A 300 empleados del PREP

De la corresponsalía de NOTIVER

XALAPA, Ver. Al menos 300 trabajadores que fueron contratados por la empresa identificada como “Informática Electoral de Sinaloa” para realizar actividades del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), protestaron por falta de pago.

Los empleados se manifestaron cerca del Organismo Público Local Electoral (OPLE) para denunciar que en su mayoría realizaron actividades de capturistas, sin embargo, indicaron que la empresa no cumplió con los pagos.

Los afectados señalaron que la empresa proveniente de Sinaloa, les quedó a deber un bono y dos semanas de servicios a cerca de 300 empleados, quienes laboraron en el escrutinio y cómputo de la elección de gobernador y diputados locales.

Aunque semanalmente se les prometió un pago de mil 750 pesos, pero les prometieron un bono al concluir sus servicios.

A algunos de los trabajadores se les dijo que se les daría lo equivalente a un mes de salario, lo cierto es que esto no ocurrió.

En ese sentido, dijo que un día después de que concluyeron las votaciones del 2 de junio, les hicieron firmar su renuncia, sin respetar las fechas establecidas en un contrato, situación que los dejó sin una semana de salario.

“A todos nos dieron una cantidad diferente, y como no nos la dieron por escrito, entonces a algunos les dijeron que iba a ser un mes de salario (…) El problema es que cuando nos contrataron nos prometieron, así como que un montón de cosas.
Nos hicieron firmar diferentes contratos, un contrato que primero terminaba, empezaba del 22 de abril al 15 de junio, luego nos recortaron la fecha al 8 de junio y ahorita que ya terminó, que ya pasó por el día de elecciones y todo, nos están haciendo firmar una renuncia en donde nos dicen que nuestra labor terminó hasta el día 3 de junio, nos están recortando otra semana”.

Una vez concluida la elección, la empresa desmanteló las oficinas que había montado de forma provisional mientras brindaba servicios al OPLE y ya no les contestan ni las llamadas.

Los afectados indicaron que, aunque tengan intenciones de proceder legalmente contra la empresa Informática Electoral de Sinaloa, carecen de pruebas para sustentar los señalamientos pues los contratos que firmaron también se los llevaron cuando desmantelaron las oficinas.