* Combate a la corrupción en sexenio
Por Noemí Valdez
Reportera de NOTIVER
Aunque el combate a la corrupción fue la “bandera” del sexenio del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez, la tarea no fue completada.
Así lo reveló el Informe del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), al analizar la implementación de la segunda etapa Política Estatal Anticorrupción de Veracruz.
Entre los hallazgos, se expone que, aunque en la entidad existe un Sistema Estatal Anticorrupción se requiere de la participación de todas las entidades directamente vinculadas con los procesos.
El documento señala que no es posible concebir un combate eficaz a la impunidad si no se combinan estrategias que fortalezcan las capacidades de las instancias de control interno y de procuración e impartición de justicia, con herramientas que incrementen de manera significativa el involucramiento activo de la sociedad.
Por otro lado, “el control de la arbitrariedad en el servicio público no se reduce al establecimiento de controles externos, sino que se refiere también a la adecuación y fortalecimiento de controles al interior de las administraciones públicas que permitan incrementar la transparencia, predictibilidad e imparcialidad de las decisiones de gobierno”.
También se considera que es necesario “el impulso y desarrollo de mecanismos efectivos de participación favorecen el involucramiento social en el control de la corrupción, concatenado con la aplicación de principios, políticas y programas de integridad en el sector privado, lo que coadyuva en la vigilancia y rendición de cuentas por parte de los gobiernos”.
“Para que se cumpla con cada uno de los objetivos trazados en la Política Estatal Anticorrupción del Estado de Veracruz se requiere de la participación de todas las entidades directamente vinculadas con los procesos contenidos en ésta.
Si bien la meta es atender las tres primeras etapas definidas como prioritarias, eso no impide que se siga estableciendo la coordinación necesaria una vez cumplidas cada una de ellas.
La segunda etapa, al igual que la primera, ha permitido la conjunción de acciones y actividades interinstitucionales que coadyuvan al combate a la corrupción, lo que se traduce en una participación decidida por cada una de las instituciones integrantes del sistema estatal”.
