CIUDAD DE MÉXICO.- Por mil 202 votos a favor y 201 en contra -el 86 por ciento de aprobación-, los jueces de distrito y los magistrados de circuito acordaron irse a paro nacional, en protesta contra la reforma judicial.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) informó que en cada órgano jurisdiccional habrá personal de guardia para la atención de casos urgentes.
"Esta decisión es de vital trascendencia en la defensa de la autonomía del Poder Judicial de la Federación, pilar de nuestro sistema democrático y por ello hoy, personas trabajadoras y juzgadoras, hemos decido defender en unidad: la República, la independencia judicial y la división de poderes para garantizar el futuro de las generaciones venideras", dijo la juez Juana Fuentes Velázquez, directora de la JUFED.
La JUFED consultó la opinión de los juzgadores con base en una sola pregunta:
"Como titular del Poder Judicial de la Federación, ¿Estás de acuerdo con la suspensión de actividades jurisdiccionales, quedando solamente guardias para la atención de casos urgentes?".
En el comunicado, la asociación civil no precisa si la suspensión de labores será por tiempo indefinido, como lo acordaron hoy la mayoría de órganos jurisdiccionales que emitieron la declaratoria por anticipado.
Se espera que en las próximas horas el Consejo de la Judicatura Federal emita la declaratoria de suspensión de labores y precise este aspecto.
Cabe decir que desde horas antes de que concluyera la votación de los impartidores de justicia, el personal de base empezó a cerrar las sedes del PJF en la Ciudad de México y, a lo largo de la mañana, en otras 17 entidades federativas.
Desde horas antes del resultado de la votación de jueces y magistrado, sus subalternos cerraron los recintos judiciales en Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla y Zacatecas.
El PJF tiene un total de 53 mil 160 integrantes, distribuidos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del PJF y el Consejo de la Judicatura Federal, según el último censo del INEGI.
De ellos, 33 mil 291 son personal de base o sindicalizados, mientras que los titulares de órganos jurisdiccionales son mil 674, de los cuales 759 son jueces de distrito y 915 magistrados de circuito.
Gilberto González Pimentel, líder del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, pidió por la mañana a sus agremiados no apoyar el paro si no había una declaratoria de suspensión de labores por parte de los juzgadores o el Consejo de la Judicatura Federal.
Dicha organización sindical representa a más del 95 por ciento del personal de base.
A partir de este mediodía, 28 jueces de distrito y magistrados de circuito de la capital del país emitieron el acuerdo para declarar inhábil el lunes 19 de agosto, pero otros 95 hicieron la declaratoria por tiempo indefinido.
Este es el segundo paro nacional de labores del PJF en menos de un año, ya que en 2023 pararon labores del 15 al 29 de octubre por la reforma que desapareció 13 fideicomisos.
Piden juzgadores medidas cautelares a la CIDH
Jueces de distrito y magistrados de circuito solicitaron este lunes a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitir medidas cautelares contra la reforma judicial presentada por el Ejecutivo Federal.
La solicitud fue presentada por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), el grupo de trabajo de juzgadores Guardianes de la Constitución y el colectivo Circuitos Unidos Trabajadores del Poder Judicial de la Federación.
"Las organizaciones firmantes... con el apoyo de Iniciativa Americana por la Justicia, en representación de más de mil 800 operadores de justicia en los Estados Unidos Mexicanos (magistrados y jueces) y más de 52 mil trabajadores (funcionarios y empleados a nivel federal, del Consejo de la Judicatura Federal, Tribunales Colegiados de Circuito de Apelación y Juzgados de Distrito), presentamos el día de la fecha una solicitud de medida cautelar ante la CIDH", dijeron las asociaciones en un comunicado.
"La medida cautelar es un recurso que se presenta ante un organismo internacional ante situaciones graves y urgentes que producen daño irreparable. Este mecanismo fue activado para denunciar ante la instancia el Proyecto de Reforma Constitucional (relativa al Poder Judicial) sobre la base de las interferencias arbitrarias e inconstitucionales a la independencia y autonomía del Poder Judicial".
El texto difundido no precisa qué tipo de medidas fueron solicitadas al organismo internacional, en favor de los integrantes del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Extraoficialmente, se informó que, en principio, se habría pedido a la CIDH que requiera al Gobierno de México un informe sobre las medidas que pretende adoptar y que tendrán un impacto en materia de derechos humanos de los quejosos.
Por su parte, el Consejo General de la Abogacía (CGAM) manifestó su respaldo a la defensa de sus derechos que han emprendido los trabajadores del PJF e hizo un llamado al consenso para mejorar la justicia sin dañar la carrera judicial.
"El CGAM hace expresa su solidaridad con las y los trabajadores del Poder Judicial Federal en la defensa de sus derechos laborales frente a la reforma judicial. Acorde con lo anterior, el CGAM reitera que su posición central respecto de dicha reforma es la defensa de los derechos fundamentales de todas las personas para recibir una administración de justicia independiente, objetiva, profesional, calificada, imparcial, justa y equitativa", señaló.
"Como abogacía organizada hacemos un llamado al poder reformador de la constitución para generar consensos y lograr una defensa que realmente acerque la justicia las personas justiciables sin afectar la carrera judicial ni los derechos de las y los trabajadores impartidores de justicia; todo con miras hacia un mejor futuro para la administración de justicia.
Este comunicado está suscrito por los presidentes de la CGAM, Ricardo Ríos Ferrer; de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, Víctor Olea Peláez; de la ANADE Colegio de Abogados, Nuhad Ponce Kuri, presidente ; y del Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, Arturo Pueblita.
