* Detenida por trata de personas dice Red Mexicana de Trabajo Sexual
AVC/Verónica Huerta
XalapA, Ver.- El crimen se apropió de las redes de tratas de personas, de las trabajadoras sexuales y de los espacios dónde ejercen esta labor las mujeres cisgénero y transexuales; lo que motiva a creer que la extrabajadora del Centro de Justicia para las Mujeres en Veracruz (Cejum) Yesica Anahí N, es sólo “la punta del iceberg” de una organización dedicada a sustraer menores de edad y veracruzanas para trasladarlas a otros estados o países con el propósito de explotarlas sexualmente, señalaron los integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual.
Por mencionar, el 03 de octubre, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó de la detención e imputación contra Yesica Anahí N, como probable responsable del delito de trata de personas, con fines de explotación sexual de seis mujeres de origen colombiano.
El juez dictó como medida cautelar prisión preventiva justificada por el término de dos años, dentro del proceso penal 1188/2024.
Se conoció que Yesica Anahí N realizó su servicio social en el Centro Integral de Justicia para Mujeres (Cejum) área que pertenece a la secretaría de Gobierno del Primer Mandatario de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez.
En entrevista con los integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual refirieron que algunos casos de desapariciones de mujeres y menores de edad en Veracruz y en el país son realizados por el crimen organizado para explotarlos sexualmente.
“El crimen organizado se adueñó de la red de trata de personas, esas redes que existían ahora ellos las tienen, se roban a las mujeres, las ponen a trabajar sexualmente y las privan de la libertad, es terribe lo que viven. La sustracción de menores y mujeres, se las llevan con engaños a Puebla, a México, al norte del país les ofrecen buenos sueldos. En Veracruz el crimen organizado se apropia de los lugares donde se ejerce el trabajo sexual y de las mujeres que trabajan” señalaron.
Los defensores de los derechos humanos aclararon que no todas las mujeres dedicadas al trabajo sexual en la vía pública o a través de redes sociales son obligadas por los delincuentes, si no que, algunas lo ejercen cómo una alternativa laboral para llevar recursos económicos a sus hogares, principalmente las que son jefas de familia, en dónde el padre de los hijos e hijas es irresponsable e incumple con otorgar una pensión alimenticia.
“Hay un porcentaje de mujeres que ejercen el trabajo sexual porque la situación económica de este país es grave, es fuerte la pobreza, no hay oportunidades laborales para las mujeres; los padres no se hacen cargo de sus hijos, y son situaciones sociales que obliga a las mujeres a buscar una alternativa laboral que les permita estar al pendiente de sus hijos y ganar dinero, y tampoco es porque a ellas les guste mucho trabajar sexualmente, sino que su baja economía las obliga”.
La otra parte de la explotación sexual ejercido por el crimen organizado en Veracruz y el país, es que se adueñaron de los espacios dónde ellas laboraban de manera libre; ahora para poder ofrecer sus servicios tanto en las calles cómo en sitios de internet, deben “pagar el derecho de piso”.
“Todas las trabajadoras sexuales son obligadas a pagar cantidades de dinero, mínimo son 500 pesos por semana para dejarlas trabajar, si no pagan, están amenazadas a perder la vida” indicaron.
Los integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual presente en 22 de 32 estados de la República Mexicana refieren que el poder del crimen se ha extendido a tal grado que domina la forma de relacionarse de las trabajadoras sexuales con las Asociaciones Civiles encargadas de proveerles talleres para prevenir las Infecciones de Transmisión Sexual y el VIH-SIDA.
“Antes podíamos regalarles condones, les dábamos talleres del uso correcto del condón, de sus derechos humanos, de dignificar su actividad, prevención de adicciones; todo se vino abajo cuando el crimen organizado se apropió de todo. Las mujeres tienen prohibido hablar con nosotros. Hoy sólo les llevamos condones a las calles, pero no hablan con nosotros, ahí quién manda es el crimen organizado” lamentaron.
Los defensores de derechos humanos señalaron que Veracruz se encuentra en los primeros lugares de los estados dónde se registra el mayor número de personas desaparecidas entre ellos mujeres y menores de edad, a causa de la inacción de las autoridades para prevenir y proteger a este sector vulnerable de la población.
“Hay un problema grave de violencia contra las mujeres en el país y Veracruz, es uno de los estados que más violencia registra contra las mujeres, una violencia es la desaparición forzosa de mujeres y es para fines de trata de personas, de explotación sexual, no dudamos que Veracruz es un centro de operación para traer mujeres de otros países, el crimen organizado opera”.
Por lo anterior, los integrantes de la Red Mexicana de Trabajo Sexual hicieron un llamado a la FGE de Veracruz y al gobierno del estado para que lleven a cabo una investigación a fondo, dado que Yessica Anahí N – detenida en el penal de Pacho Viejo, municipio de Coatepec- no actuó sola, sino que detrás de ella hay una red delincuencial que probablemente son protegidos por autoridades corruptas.
“La mujer Yessica que hace venir a las mujeres colombianas, ella es sólo una operadora, ella es parte de una red de explotación de mujeres; se debe investigar a profundidad, Yéssica es la punta del iceberg. El problema es que hay mucha más gente implicada no sólo ella, y hay que investigar si Yessica no fue obligada porque el crimen organizado las obliga a operar y cobrar las cuotas, y no es porque quieran sino porque las obligan estamos en una indefensión total” finalizaron.