*CARRETERAS, HOSPITALES...
Por Noemí Valdez
Reportera de NOTIVER
El estado de Veracruz encabeza la lista de las entidades que más dinero regresó a la Tesorería de la Federación (TESOFE), cuyo ejercicio no fue comprobado.
Lo anterior, derivado de revisiones de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) de las Cuentas Públicas 2001 a 2022 de acuerdo a un reporte con corte al 31 de marzo del 2024.
En el documento, se asienta que Veracruz en ese lapso ha devuelto 15 mil 138.7 millones al “no gastarlo” en obras, salud, infraestructura y otros rubros para los que venía etiquetado.
Mientras en la entidad hay un alto nivel de marginación y necesidades, los Gobernadores, - incluido Cuitláhuac García - no supieron administrar el dinero.
Además de Veracruz, hay otros estados que también han devuelto dinero, entre ellos, el Estado de México; Michoacán, Chiapas, Chihuahua y otros; pero el primer lugar lo ocupa Veracruz.
Cabe mencionar que la ASF es un órgano especializado de la Cámara de Diputados, con autonomía técnica y de gestión, que se encarga de fiscalizar la Cuenta Pública mediante auditorías a todo ente que ejerza recursos públicos federales, incluyendo a los particulares.
Evalúa los resultados de la gestión financiera, comprueba el correcto ejercicio de presupuestos y verifica el cumplimiento de los objetivos de programas.
Cuando se generan observaciones como resultado de la fiscalización superior, las entidades fiscalizadas pueden solventarlas durante el desarrollo de las auditorías o al término de éstas, reintegrando los recursos empleados incorrectamente al erario federal, al patrimonio de la institución, o al fondo federal correspondiente, dependiendo el caso.
Esto se conoce como recuperación.
De no reintegrar los recursos o no aportar la documentación comprobatoria, la ASF está dotada de las atribuciones necesarias para llevar a cabo las siguientes acciones: Emitir un pliego de observaciones cuando se tienen elementos para suponer que ha habido un daño al erario público federal.
En caso de que la institución auditada no aporte elementos para solventar dicho pliego se inicia un procedimiento de fincamiento de responsabilidades resarcitorias en contra del servidor público responsable.
Promover, de ser necesario, la aplicación de sanciones administrativas a los funcionarios públicos en falta, o Presentar denuncias penales ante las autoridades competentes, de encontrarse evidencia de conductas dolosas o que permitan la presunción de un delito.