*Yeya dice que por qué está vigente
*“Han atacado con armas a policías”
Por NOEMÍ VALDEZ
Reportera de NOTIVER
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, reconoció que hay personas privadas de su libertad acusadas del Delito Contra las Instituciones de Seguridad Pública.
Al respecto, dijo que algunas personas procesadas por este delito, ha sido porque portan armas de fuego.
“Muchas veces los delitos contra las instituciones de seguridad son las personas utilizan armas de fuego, entonces bueno, es una gente que no tienen empacho en abrir fuego contra la autoridad cuando es detenido, o cuando se les pide una revisión de rutina, en ese momento abren fuego y eso se da mucho hacia el sur y hacia el norte”.
Además, aseveró que los jueces únicamente valoran lo que la Fiscalía les presenta y en Veracruz el Delito Contra las Instituciones de Seguridad Pública persiste en el artículo 371 del Código Penal para el Estado de Veracruz y la pena establecida es de entre 7 y 15 años.
“Lo que tengo conocimiento es que desde la Corte se desapareció el delito de ultrajes y el congreso cumplió en su proceso legislativo, hizo lo que tenía que hacerse y ya no existen personas privadas de su libertad por ultrajes (…) sí ese delito subsiste la Corte en ningún momento indicó algo más al delito” expuso.
El Partido Acción Nacional y el Partido del Trabajo, se pronunciaron
por la derogación del delito Contra las Instituciones de Seguridad Pública.
Recientemente la Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio del estado de Veracruz se pronunció en contra del Delito Contra las Instituciones de Seguridad Pública, que se encuentra contemplado en el artículo 371 del Código Penal para el Estado de Veracruz.
El director general de la Barra de Licenciados en Derecho del Sistema Penal Acusatorio del estado de Veracruz, Rafael Gómez Zacarías considera que este artículo es un "refrito" del delito de ultrajes a la autoridad y lo consideran ilegal, debido a su amplia interpretación por parte de la Fiscalía.
El representante de la barra de licenciados citó un caso específico de una mujer llamada Vicenta, madre de tres hijos, originaria de la localidad de Mandinga, quien está detenida en Acayucan y acusada de este delito en agravio de un policía ministerial. Vicenta no ha podido ver a su hijo recién nacido debido a su situación legal.