El Organismo Público Local Electoral (OPLE) realizó una consulta a personas con discapacidad que opinaron sobre sus derechos político-electorales y la posibilidad de que la autoridad electoral y los diputados y autoridades del ejecutivo les garanticen sus derechos para ser postulados.

En la consulta participaron 178 personas. De estas 63, es decir el 35%, fueron personas con alguna discapacidad, de las cuales es importante destacar que 1 participó a través del micrositio de la consulta; 94, es decir, 53%, fueron familiares y personas cuidadoras, y 21 (12%) son personas que forman parte de Asociaciones o colectivos.

Tras la revisión y análisis de los datos, el acuerdo que emitió el OPLE determina que se declara la validez de los datos y argumentación respecto al análisis de las opiniones recolectadas durante el desarrollo de la Consulta a Personas con Discapacidad sobre sus derechos político-electorales.

En aras de maximizar los derechos político-electorales de las personas con discapacidad, según el acuerdo, se recomienda implementar una acción afirmativa a su favor en los cargos de elección popular.

Los documentos válidos para a creditar la condición de discapacidad cuando una persona sea postulada a un cargo de elección popular en el marco de una acción afirmativa se plasmarán en lineamientos que habrá de emitir el OPLE.

El OPLE implementará medidas de nivelación e inclusión para promover la participación política de las personas con discapacidad, y brindará información y capacitación para el ejercicio de sus derechos político-electorales y atendiendo al principio de deber de adoptar decisiones razonadas establecido en el Protocolo de la Consulta a personas con discapacidad sobre sus derechos político-electorales.

En concordancia a los efectos de la Consulta a Personas con Discapacidad sobre sus derechos político-electorales, el OPLE pondrá a disposición de las autoridades competentes los resultados que no versen sobre materia político-electoral, con el objetivo de que las mismas, dentro de sus posibilidades y atribuciones puedan generar políticas públicas que beneficien a las personas con discapacidad en el estado de Veracruz.