* Les impiden entrar al Congreso
Por Noemí Valdez
Reportera de NOTIVER
Visiblemente molestos y decepcionados, este miércoles, trabajadores del Poder Judicial Federal se manifestaron en las inmediaciones del Congreso de Veracruz.
El contingente llegó al recinto previo a la sesión para la aprobación de la reforma judicial a nivel local y con ello darle validez constitucional.
Sin embargo, el recinto estuvo blindado con vallas y policías antimotines; posteriormente los trabajadores tomaron las calles.
Esta reforma propuesta por AMLO plantea la elección por voto popular de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPFJ), de un nuevo Tribunal de Disciplina Judicial y, en general, de todos los jueces de distrito y magistrados de circuito del país.
En total, mil 688 cargos se someterían a votación, de los que 21 serían a nivel nacional y el resto quedarían divididos por estados.
En cuanto a las fechas previstas, en 2025 se elegirían ministros de la Suprema Corte y la mitad de los jueces y magistrados de distrito, y la otra mitad sería elegida hasta 2027.
La Suprema Corte es el máximo tribunal constitucional y máxima autoridad jurisdiccional del Poder Judicial en México.
No obstantes, esta propuesta prevé una reducción en la cantidad de ministros (integrantes) de la SCJN, que pasarían a ser nueve en lugar de los 11 actuales y cuyo cargo mantendrían por 12 años, tres menos que en la actualidad.
Es otra novedad propone sustituiría al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano de administración y vigilancia interna del Poder Judicial.
Podría recibir denuncias de cualquier persona u autoridad, e investigar a ministros, magistrados, jueces y personal judicial por actos contrarios a la ley.
De los siete miembros del CJF pasaría a solo cinco, de los que el Ejecutivo nombraría uno, el Senado otro y el resto la SCJN, con un periodo de seis años cada uno.
La reforma contempla la posibilidad de incorporar la persona de “jueces sin rostro”, figuras que impartirían justicia en casos de narcotráfico y alta violencia de forma anónima, con el objetivo de preservar su seguridad e independencia frente a extorsiones y amenazas.
