Por Noemí Valdez
Reportera de NOTIVER

La titular de la Contraloría General del Estado (CGE), Mercedes Santoyo Domínguez, presentó su renuncia al cargo; en su lugar llegó Miguel Ángel Olivares Martínez.

Cabe mencionar que se trata de una de las exfuncionarias de más alto rango, pues es la CGE la que revisa el actuar de los titulares de las dependencias.

A la ahora ex contralora, se le cuestionó sobre las empresas fantasma de la presente administración y del caso concreto de Araly Rodríguez, quien era una prestanombres misma que obtuvo millonarios contratos en al menos cinco dependencias.

En el 2021, excusándose en no ser contadora, Mercedes Santoyo, se deslindó de los sub-ejercicios en los que han incurrido los secretarios del Gabinete del Gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

Cabe mencionar que la funcionaria, fue criticada por no contar con el perfil para ocupar el cargo pues su profesión es Ingeniera Bioquímica Administradora en Procesado de Alimentos.

Lo anterior, porque la CGE, es la dependencia responsable de la función de control y evaluación de la gestión gubernamental y desarrollo administrativo, así como de la inspección y vigilancia de los ingresos, gastos, recursos y obligaciones de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, durante el ejercicio presupuestal correspondiente; en ese puesto, siempre se había designado a contadores.

Al preguntarle si había fincado alguna responsabilidad contra funcionarios por caer en subejercicio y hacer el reintegro de fondos federales a la tesorería federal (Tesofe), dijo que estaba integrando expedientes.

En la pasada comparecencia, la funcionaria dijo que la labor de la CGE se centra en supervisar el manejo de los recursos públicos en la Administración Pública Estatal (APE), coadyuvando con esto al fortalecimiento de las instituciones en beneficio del estado y reduciendo así los riesgos de corrupción.

La servidora pública destacó que se han sido substanciados 119 procedimientos de responsabilidad administrativa, de los cuales fueron impuestas 212 sanciones por faltas administrativas no graves a personas servidoras públicas de la APE y que la Contraloría ha presentado 186 denuncias: 164 ante la Fiscalía General de la República (FGR) y 22 ante la Fiscalía General del Estado (FGE).