Por: Noemí Valdez
Reportera de NOTIVER
La senadora veracruzana del Partido Acción Nacional (PAN), Indira Rosales San Román, informó que fueron aprobadas dos iniciativas que presentó.
La primera de ellas es para aumentar las sanciones contra las personas que violenten a las mujeres embarazadas.
“Durante esta etapa debemos garantizar que las mujeres vivan en un entorno de paz y libre de violencia; y podría complicarse el embarazo y afectar gravemente el desarrollo del bebé por sufrir maltratos, lesiones, amenazas, violencia física o sexual”, expuso.
Por unanimidad, el pleno del Senado aprobó castigar hasta con 30 años de cárcel a las personas que violen a mujeres embarazadas y hasta con 20 años de cárcel a quien abuse sexualmente de una mujer que espera un hijo.
Con el respaldo de 86 votos, el pleno acordó aumentar 50% de castigo a diversos delitos contenidos en el Código Penal Federal cuando la víctima esté embarazada.
Así, para el caso de lenocinio, contenido en el artículo 206 del Código penal Federal, el castigo será de 3.5 a 13.5 años de cárcel; para el delito de intimidación, que se castiga en el artículo 219, será también de 3.5 a 13.5 años de cárcel.
La segunda iniciativa es la llamada "Ley Ingrid", que busca sancionar con 6 a 10 años de prisión a las y los servidores públicos que divulguen o difundan fotografías o videos de cadáveres de niñas, niños, adolescentes o mujeres.
La Senadora expresó que, en 2020, el cuerpo de Ingrid fue exhibido en periódicos y medios de comunicación, dejando de lado cualquier respeto a la víctima y a su familia, afectando gravemente la dignidad y memoria de su persona y de sus seres queridos.
“Con estas reformas buscamos hacer nuestras leyes más fuertes en favor de las niñas, adolescentes y mujeres de este país”, afirmó la senadora Indira Rosales.
El pasado 12 de septiembre de 2023, el pleno de la Cámara de Senadores aprobó una reforma al artículo 225 del Código Penal Federal que establece la sanción de hasta 18 años de prisión.
Dicha sanción sería para los funcionarios que graben, revelen, publiquen, graben, fotografíen, comercialicen, compartan, difundan o distribuyan imágenes, audios, videos o cualquier tipo de información contenida en una carpeta de investigación o en un proceso penal reservado o confidencial.
Esta reforma fue aprobada en marzo de 2022 por la Cámara de Diputados, después fue turnada al Senado para su discusión y debido a que hubo modificaciones en el dictamen, volvió a San Lázaro para su aprobación.