* Sacan iniciativa para removerla
* Plantean que titular del Ejecutivo quite a fiscales
* Pasa de 9 a 4 años en el cargo y reelección condicionada
Por Noemí Valdez
Reportera de Notiver
La bancada de MORENA en el Congreso de Veracruz, presentó una iniciativa que reforma la Constitución Política del Estado con el objetivo de modificar los procesos de designación y remoción del titular de la Fiscalía General.
En tribuna, el diputado Diego Castañeda Aburto, integrante del grupo legislativo de MORENA, expuso que se contempla una reducción del periodo de gestión del titular de la Fiscalía de 9 a cuatro años con la posibilidad de reelección siempre y cuanto se someta a evaluación de desempeño.
La iniciativa establece que, al haberse superado el nuevo periodo propuesto de cuatro años por parte de la actual fiscal general, el Congreso deberá iniciar un procedimiento “excepcional” para definir su continuidad en el cargo.
“Tomando en consideración que la temporalidad cubierta por la actual titular ha rebasado el lapso señalado para el primer periodo de duración, por única ocasión y de manera excepcional, dentro de los dos días posteriores a la entrada en vigor del presente Decreto, formulará el requerimiento para que, en el mismo plazo, la Fiscal General del Estado en turno manifieste si es su interés o no someterse al procedimiento de ratificación. Una vez que se obtenga el sentido de su respuesta, el procedimiento continuará conforme a los términos establecidos”.
En su propuesta, también se modifica el proceso de remoción del titular de la Fiscalía pues actualmente esta decisión recae exclusivamente en el Congreso del Estado.
El texto establece que el titular del Ejecutivo pueda solicitar la remoción del fiscal, siempre y cuando existan causas graves definidas en la ley y sean aprobadas por dos terceras partes del Congreso.
En cuanto a la designación del titular, el Congreso continuará siendo la instancia responsable, pero ahora con una mayor intervención del Ejecutivo.
El proceso comenzará con la recepción de propuestas de ciudadanos y organizaciones civiles, a partir de las cuales se elaborará una lista de al menos diez candidatos.
El Gobernador o Gobernadora seleccionará una terna de aspirantes, que será sometida a votación del Congreso, requiriendo el respaldo de las dos terceras partes de los legisladores para la elección final.
