POR LAVADO DE DINERO
*La lista de acreedores cada vez crece más, conforme salen a la luz nuevos testimonios
Por E. G. de la C.
Fotos de la Cerna
El caso de los empresarios veracruzanos, Bernardo Romano García y Aitana García Fernández ha escalado al ámbito federal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, abrió una investigación por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, y ya giró un citatorio oficial para que comparezcan ante su sede en la Ciudad de México.
El documento oficial, que ya circula entre los afectados, indica que la UIF analiza una serie de movimientos financieros que podrían estar vinculados con esquemas ilegales de captación de recursos y simulación de operaciones.
El expediente fue turnado a la Dirección General de Análisis, área encargada de detectar operaciones de lavado de dinero y posibles delitos fiscales.
Este procedimiento se suma a la orden de embargo precautorio, dictada por un juez civil de la Ciudad de México, que afecta a la empresa New England Capital, con sede en Boca del Río, así como a diversos bienes de los señalados. Además, Interpol ya emitió una ficha roja para lograr su localización y captura por el delito de extorsión, y se encuentra vigente una alerta migratoria solicitada al Instituto Nacional de Migración, por lo que no pueden salir del país.
Pese a esto, testigos aseguran haberlos visto pasear tranquilamente por zonas exclusivas del puerto, como si nada pasara, aunque legalmente tienen impedido abandonar territorio mexicano.
Entre las víctimas del fraude se encuentra la empresa Portafolio de Negocios, dedicada al préstamo de capital, aunque no es la única.
La lista de acreedores cada vez crece más, conforme salen a la luz nuevos testimonios y denuncias de personas físicas y morales afectadas.
Mientras tanto, Romano y su esposa llevaban una vida de película: autos blindados, relojes de diseñador, cenas privadas, viajes internacionales y propiedades en zonas exclusivas de Veracruz y el extranjero, todo presuntamente pagado con dinero ajeno.
La UIF ya los tiene en la mira. Y lo que viene no es cualquier cosa.